El pasado julio el gobierno español aprobó un Real Decreto 624/2014 por el que se regula mejor algo que se estaba haciendo a medias desde 2007: que las bibliotecas públicas paguen a los autores por los prestamos de sus libros; lo que se llama comúnmente el canon de las bibliotecas.

Lo primero que hay que aclarar es que los usuarios de las bibliotecas no vamos a pagar por sacar libros de la biblioteca. No directamente al menos, pero como pagarán los gobiernos autonómicos, locales y el central, en el fondo pagamos todos. Pero no nos engañemos, no es lo mismo pagar para que haya almohadas en los hospitales que pagar cada vez que usamos una almohada en un hospital.

Este canon viene impuesto por la Unión Europea, que en 1992 sacó la directiva 92/100 y, catorce años después la 2006/115, instando a los estados miembros a que, básicamente, remuneren a los autores y autoras de obras culturales por el préstamo que se hace de sus obras. Esto implica que por cada préstamo de, por ejemplo un libro, en una biblioteca hay que pagar a su autora porque el lector, en lugar de comprarse el libro, se lo lee gratis. La UE no pide que sea la gente que usa la biblioteca la que pague, ni pide que todas las bibliotecas tengan que pagar, ni impone tarifas ni metodologías. Deja esos temas a cada país, porque entiende que cada país es diferente en materias económicas, logísticas etc. Simplemente insiste en que esos préstamos deben generar algún beneficio a quienes crearon la obra.

Muchos países la ignoraron o la interpretaron a su manera, de manera que España, Italia y Portugal, por ejemplo, evitaban aplicarla y en 2006 la UE multó a España y varios países más. España, entonces, en una reforma de la Ley del Libro en 2007, añade la provisión de que tendremos que pagar, pero no aclara cómo, ya lo hará más adelante, pero sí insiste en que el gobierno y las comunidades autónomas correrán con el gasto, no los lectores de las bibliotecas. Así ese año el gobierno pagó por todas las bibliotecas públicas, pero a partir de 2008 solo por las 52 que posee. Después algunas comunidades pagaron algunos años por las suyas y ahora ya casi nadie lo hace.

De manera que la situación actual está así:

  • Hay que pagar por los préstamos. Eso no nos lo quita nadie ya.
  • Pagarán por los prestamos de libros las bibliotecas públicas, que no sean de centros educativos, siempre que estas sean de poblaciones mayores de 5000 habitantes.
  • Las bibliotecas públicas pertenecen al Estado (52), a las comunidades autónomas, o a los ayuntamientos. Son estos quienes correrán con los gastos del canon.
  • Los usuarios de las bibliotecas no tenemos que pagar al coger libros prestados. Que no.
  • A día de hoy no se sabe cómo se va a diferenciar entre libros que están en dominio público (exentos de canon) y libros protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.
  • La recaudación del canon irá a parar a las entidades de gestión de derechos de autor, CEDRO para los libros. Estos lo reparten entre los autores, o al menos entre los autores que están asociados con CEDRO; los demás es un misterio si recibirán dinero.

Entendido esto, a los lectores debería darnos igual toda esta historia, seguiremos usando la biblioteca de la misma manera que siempre, y gratis, así que no deberíamos preocuparnos.

El problema nos afecta indirectamente. Primero porque si pagamos impuestos ahora de ese dinero hay que pagar a CEDRO, así que si se presta el doble de libros el año que viene, de nuestros impuestos, tendrá que salir el doble de aportación. Y segundo y más visible, las bibliotecas no solo tienen un presupuesto limitado, del que ahora deberá salir este canon, sino que apenas tienen ya presupuesto. En los presupuestos generales del estado del 2013, las bibliotecas españolas pasaron de disponer de millones de euros para comprar libros a directamente cero. Sí, cero. En 2014 volvió a pasar lo mismo. (Que en las bibliotecas haya novedades este año es algo que no sé cómo consiguen hacer). El descenso en todas las partidas de los presupuestos para bibliotecas descendió dramáticamente también.

Pero en honor a la verdad, los detractores del canon, no están preocupados por el coste que puede tener para el ciudadano a través de sus impuestos, es decir, el coste de ayuntamientos y comunidades autónomas. Su verdadera y única queja es que afecta a las bibliotecas y sus usuarios, porque las bibliotecas tienen presupuestos muy bajos que ahora tendrán que contemplar el pago de canon; a los bibliotecarios les preocupa también la logística de gestionar qué libros y cómo deben pagar, y otros detalles, pero es una cuestión técnica solventable, y que correspondería a otros departamentos arreglar. Si las bibliotecas tuviesen suficiente presupuesto no habría tanta oposición al canon, a los lectores no nos afecta directamente, y al personal bibliotecario, si no impactase en sus otras partidas presupuestales, les debería dar igual.

El Real Decreto no obliga a pagar bien (solo por libros que están bajo copyright, y que han sido comprados, no donados, etc.) hasta el 2016, pero mientras tanto habrá que pagar más o menos por todos los libros que se prestan. Y pagar a CEDRO, lo cual es otra polémica en sí misma y difícil de argumentar.

Así que igual este año se acaba pagando más por préstamos a no sé sabe muy bien quién que en el 2016 que se debería saber ya a quién se paga y cuánto y cómo. O eso esperamos.

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